sábado, 18 de abril de 2009

Declaración del Colegio de Abogados y Procuradores de San Luis, del 14 de abril de 2009


No entendieron nada..


A raíz de la movilización de la abogacía del día 27 de marzo del corriente año que motivó la entrega de un documento al Superior Tribunal de Justicia y al Poder Ejecutivo Provincial; el primero, emitió un comunicado de prensa, que, en los hechos constituyó un ensayo de respuesta a algunos puntos planteados en el documento.

Ha sido una invariable práctica de éste Directorio dirigirse al Superior Tribunal de Justicia con el idioma, la prudencia y la mesura con que abogados deben dirigirse a la máxima autoridad Judicial en el sistema de la República y, en reuniones mantenidas con éste Cuerpo se ha dicho lo mismo que se ha escrito en el documento que nos ocupa y en otras declaraciones, resoluciones y publicaciones del Colegio.

Nuestro Colegio tiene un solo idioma y un solo rostro y nunca hemos traicionado nuestras convicciones callando lo que había que decir.

Así las cosas, resulta lamentable que nuestro Superior Tribunal de Justicia haya optado por el camino de la confrontación; la descalificación y el agravio, pues eso es lo que trasunta un informe de prensa teñido de subjetividad, quizás destinado a interlocutores que ignoramos, pero que por su gravedad no podemos eludir, ni disimular.

La circunstancia de no compartir una calificación dada a la crítica situación de la Justicia; como poder independiente, acosado hoy por una política destinada de manera manifiesta a horadar esa independencia; -con servicios en lo que a la gestión y administración de justicia se refiere que, resultan penosos por su ineficiencia, colapso y mora crónica-; no autoriza a nuestro Superior Tribunal a cargar contra la abogacía de la manera en que lo ha hecho.

En nuestras conversaciones, luego plasmadas en el papel, nos hemos referido a las grandes cuestiones de Estado que no son atendidas por el Poder Político y que mantienen al Poder Judicial sometido a la condición de un mero programa de gobierno, sin presupuesto, sin perspectivas de mejoría; sin crecimiento, sin modernización ni dotación necesaria a la misma, de los sistemas procesales, de las Instituciones, de la Magistratura y del Ministerio Público.

Los esfuerzos realizados en un marco de orfandad conmovedor y que, en la mayoría de los casos han contado con el apoyo y compromiso de la Abogacía (por ejemplo, el sistema de mediación), no logran disimular la soledad del Poder Judicial.



La movilización del 27 de marzo de corriente año fue una legítima respuesta a una crisis recurrente que nos agobia, como agobia a los destinatarios de los esfuerzos de la abogacía que son los ciudadanos, carecientes hoy, de un servicio de Justicia que el estado debería garantizar y que no hace, afectándose de éste modo garantías constitucionales muy caras a los derechos del hombre.

La movilización es una herramienta política legítima y si en todo esto hay algo “insólito”, ese es el comunicado de prensa del Superior Tribunal de Justicia que, como lo decimos arriba apela a la descalificación y el agravio, imputando la persecución de intereses políticos partidarios “a veces espúreos”.

Este tono inmoderado no puede ser consentido por la Abogacía, como no consentimos que se incursione en cuestiones propias de la administración de Justicia -de lo que en particular no nos hemos ocupado en el documento -, para terminar cargando sobre la espalda de los abogados – “ que abusan de los vericuetos procesales” -, la mora endémica y el brutal colapso de los Juzgado en todos los fueros.

Ofende a la dignidad de quienes trabajamos en la profesión que se nos quiera colocar en la categoría de creadores de artimañas y trampas tan solo porque expresamos a viva voz la aflicción cotidiana de carecer de un servicio de justicia acorde a los tiempos en que vivimos.

En consecuencia, no aceptamos ni consentimos que luchar por la reforma de la legislación que mantiene al Poder Judicial encadenado e inerme; por una nueva ley orgánica de Tribunales; por una nueva ley de autarquía; por la reforma del sistema reglamentario de selección en el Consejo de la Magistratura; por la reforma del sistema procesal penal; por la reformulación de los Juzgados de Familia y Menores y, esencialmente por una dotación y manejo del presupuesto de justicia que permita concretar los anhelos de un poder Judicial independiente; sea descalificado por el Superior Tribunal de Justicia con la imputación de que se atiende a intereses político partidarios o espúreos.

Esto nos hace pensar que nuestra máxima autoridad judicial no ha entendido nada de la lucha de la abogacía.

Reafirmamos nuestra vocación de trabajar por la plena vigencia de las Instituciones de la República y llevar adelante todas las acciones necesarias para que, en la Provincia de San Luis, sea una realidad la división de poderes, el consenso democrático, y el respeto al pensamiento diverso.-

Esto es parte indisoluble de la función del abogado como actor social. Abogado del cual espera la sociedad que, además de su formación técnica, deberá actuar con los valores éticos, que ésta misma sociedad asocia con los conceptos de equidad y Justicia.

San Luis, 14 de abril de 2009
El Directorio del Colegio de Abogados y Procuradores de San Luis

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